A- de 2024

Conflicto de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado Promiscuo con Funciones de Conocimiento y la Jurisdicción Especial Indígena.

La controversia se origina por denuncia penal interpuesta por Josefa, ante la Comisaría de Familia de San Francisco, Putumayo, en contra de Alberto, a quien se le formuló imputación, por el presunto delito de acceso carnal violento agravado, en calidad de autor, contra menor de 14 años.

Luego de verificar el cumplimiento de los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo para la configuración de un verdadero conflicto entre jurisdicciones, la Sala Plena hace el análisis ponderado de los elementos o factores establecidos por la jurisprudencia para poder asignar la competencia.

De acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente, pudo comprobarse que el procesado hace parte del Resguardo indígena, por lo que el factor personal se encuentra acreditado.

Respecto del elemento territorial, los hechos que configuran la conducta imputada a Alberto habrían ocurrido en el domicilio del acusado, en la Vereda perteneciente al municipio del Departamento donde se encuentra asentado el Resguardo, por lo que se entiende como ocurrida dentro del ámbito territorial de la comunidad indígena.

En cuanto al factor objetivo, se tiene que las autoridades del Resguardo no se pronunciaron sobre la percepción de nocividad que tiene su comunidad indígena en relación con los hechos presuntamente llevados a cabo por el acusado.

En el ámbito del derecho mayoritario y, sobre todo, al amparo de la Constitución Política, las conductas que atentan contra la libertad, integridad y formación sexuales de los menores de edad constituyen delitos catalogados como de especial gravedad, por las implicaciones y perjuicios que este tipo de actos atroces acarrean sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes que el Estado está obligado a prevenir y erradicar, con debida diligencia.

Debido a que este elemento no brinda posibilidad para asignar la competencia, se revisa en mayor rigurosidad el elemento institucional de la comunidad indígena para tramitar la causa y en el caso, siendo la situación investigada, altamente nociva por tratarse de delitos sexuales contra sujetos de especial protección constitucional como lo son los niños, niñas y adolescentes, se tiene que la comunidad cuenta con la capacidad de perseguir efectivamente esta clase de conductas sin embargo, ante la exigencia de constatar una capacidad institucional que lleve a cabo la judicialización apropiada del acusado, unas garantías de reparación y de protección efectiva a los derechos de las víctimas, la información allegada es insuficiente.

La Corte decide asignar la competencia a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad penal y decide remitir el expediente al Juzgado Promiscuo con Funciones de Conocimiento, para lo de su competencia y para que comunique esta decisión al Resguardo, y demás interesados en el trámite.